2.027 grupos de familias tienen servicio de energía ilegal, asegura Afinia, ese hecho arroja perdidas de 137 millones de pesos mensuales, barrio San Francisco y las lomas dos de los sectores donde este ilícito se concreta.

La manipulación de la infraestructura eléctrica y las conexiones no autorizadas al sistema de distribución de energía en las invasiones ilegales de Cartagena, ha generado una profunda preocupación al interior de la empresa de energía Afinia, teniendo en cuenta que está circunstancia afecta la prestación del servicio, por sobrecargas en los circuitos que por lógica produce fallas que interrumpen la prestación del mismo.

Este ilícito de concreta por personas que llegan a establecerse en zonas que no deben ser habitadas por fallas geológicas o por considerarse terrenos inestables, donde la administración distrital no ha autorizado suministro de energía eléctrica, ni otros servicios públicos.

Entre los sectores donde se ha registrado un crecimiento desmedido de la población y por ende, de pérdidas de energía, se destacan los barrios San Francisco sector La Loma, Policarpa sector Chino y El Pesebre sector Sinaí.

En estos sectores, la comunidad ha instalado de manera artesanal postes, transformadores y redes que no cumplen con la normativa vigente, pese a que hace algunos años la Alcaldía ordenó el desmonte de la infraestructura eléctrica por el riesgo inminente de desastre natural en dichas zonas.

“A la fecha tenemos identificados 28 sectores y un total de 2.027 predios conectados de manera ilegal a nuestro sistema. Es importante precisar que estos sectores no han sido declarados zonas eléctricamente subnormales por parte del Distrito”, indicó el Gerente de Afinia en Bolívar Norte, Eder Buelvas.

Ante lo delicado del tema la empresa hace un nuevo llamado a la administración local para que ejerza un mayor control a estos asentamientos, los cuales siguen en crecimiento en la ciudad, generando pérdidas mensuales de más de $135 millones de pesos mensuales aproximadamente.

Afinia reitera que además de invertir en la infraestructura eléctrica, necesita el apoyo de la comunidad y de las autoridades para disminuir los niveles de pérdida de energía y las conexiones ilegales, delito que afecta a todos los usuarios, pues pone en riesgo la vida de las personas y la continuidad del servicio.